La justicia ordena restituir los sueldos al alcalde y una concejala del PSOE de Valle Gran Rey

El Alcalde de Valle Gran Rey el socialistas Christopher Marrero y la edil Sabina Rodríguez fueron expulsados del PSOE por votar para la Alcaldía a la candidatura de su propio partido, y no apoyar al candidato de la Agrupación Socialista Gomera en las pasadas elecciones de mayo.

Un juez ha aceptado su petición de medidas cautelares y además aprecia indicios suficientes como para plantear una cuestión de inconstitucionalidad a la Ley de Municipios de Canarias, según declaraciones efectuadas a este medio por Christopher Marrero.

 

Marrero, y la concejala de Bienestar Social de esa localidad gomera, Sabina Rodríguez, se muestran satisfecho de haber cosechado su primer éxito ante la justicia, a la que recurrieron después de ser expulsados del PSOE, y añaden que esto no ha terminado, solo acaba de empezar ya que van a continuar con el proceso hasta el final.

 

Un Juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por ambos contra el acuerdo del Ayuntamiento de incluirlos en el grupo de no adscritos y de retirarles el sueldo público por el desempeño de sus cargos en aplicación de la Ley de Municipios de Canarias, alguno de cuyos preceptos presentan indicios suficientes para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, según el auto firmado por el magistrado.

Afirma el Alcalde de que estos cinco meses han sido duros tanto para él como para su compañera de partido, ya que han ejercido plenamente sus cargos de alcalde y concejala-delegada, respectivamente sin cobrar sueldo alguno, sobreviviendo económicamente gracias a sus ahorros.

Aclara  de que las expulsión se produjo tan expeditivamente que los órganos disciplinarios del PSOE olvidaron incluso otorgarles el preceptivo trámite de audiencia, lo que les condujo a una demanda civil por vulneración de derechos fundamentales ante el único juzgado de La Gomera, que a día de hoy todavía no ha tramitado ni siquiera la vista de medidas cautelares promovida por los demandantes.

Añade que “nosotros no nos consideramos tránsfugas: cumplimos con nuestro programa y con nuestros compromisos con la asamblea local” del PSOE. A la pregunta de que si confía en que el PSOE ante esta primera medida de la justicia rectifique y retire las medidas disciplinarias tomadas contra su persona y compañera de partido y les devuelvan todos sus derechos retirados, afirma de que no sabe lo que el Partido hará, pero que si puede decir de que si sus derechos no les fueran devueltos continuarán luchando por ellos hasta el final.

 

Ya con independencia de las consecuencias que este procedimiento pueda tener a nivel local, no nos podemos olvidad de que de  mantenerse las primeras apreciaciones del juez, el caso Valle Gran Rey puede tener una incidencia notable en la vida municipal de Canarias si, como todo parece indicar, se declara inconstitucional y por lo tanto fuera del ordenamiento jurídico el artículo de la Ley 7/2015 que considera tránsfugas a los concejales expulsados por causas ajenas a la vida municipal.